A finales de julio, la frontera entre Camboya y Tailandia volvió a encenderse. Bombardeos, fuego de artillería y desplazamientos masivos de población civil recordaron al mundo que las guerras no siempre ocurren en los titulares de Occidente. Mientras Rusia y Ucrania o Israel y Palestina concentran la atención mediática, en el sudeste asiático se libra un conflicto que ya ha dejado decenas de muertos y miles de personas obligadas a huir. La pregunta inevitable es: ¿qué papel juega el Derecho Internacional Humanitario en estos escenarios?
El DIH, también llamado derecho de la guerra, busca poner límites a la violencia armada. Siendo sus pilares los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales de 1977, que desarrollan principios como el de distinción (separar objetivos militares de civiles), limitación (los medios y procedimientos utilizados deben ser lo más limitados posibles), proporcionalidad (prohibir ataques que causen daños civiles excesivos respecto de la ventaja militar obtenida) y humanidad (obligar a tomar medidas para evitar o reducir al mínimo el sufrimiento humano). Los tratados de La Haya, por su parte, regulan el uso de ciertos medios y métodos de guerra, prohibiendo armas o bombardeos indiscriminados entre otras cosas.
Volviendo al conflicto del Pacifico, ambos Estados involucrados son signatarios de estos instrumentos. Sin embargo, en la práctica, los ataques recientes parecen contradecirlos. El uso de artillería pesada y aviación en zonas fronterizas del área del Triángulo Esmeralda, incluyendo las provincias tailandesas de Sisaket, Surin y Ubon Ratchathani, y la provincia camboyana de Oddar Meanchey, las cuales son densamente pobladas plantea dudas serias sobre la aplicación de los principios de distinción y proporcionalidad.
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La muerte de civiles y el éxodo de familias hacia refugios improvisados muestran una distancia preocupante entre la letra del derecho y la realidad de la guerra.
La ONU, la Corte Internacional de Justicia o el propio Comité Internacional de la Cruz Roja cuentan con mecanismos de verificación y mediación que deben activarse»
El riesgo de que el conflicto pueda escalar está latente. Lo que hoy son choques fronterizos puede transformarse en una guerra abierta, arrastrando a otros actores regionales e incluso poniendo en tensión a la ASEAN, organización que, en teoría, promueve la estabilidad del sudeste asiático. Las consecuencias humanitarias serían devastadoras: más desplazados, crisis sanitaria y un gran deterioro económico.
Un templo, eje del conflicto entre Camboya y Tailandia
En mi opinión los organismos internacionales deben actuar más allá de la retórica. La ONU, la Corte Internacional de Justicia o el propio Comité Internacional de la Cruz Roja cuentan con mecanismos de verificación y mediación que deben activarse de manera urgente. No basta con llamados genéricos a la paz: se necesitan comisiones de investigación imparciales, sanciones proporcionales y presión diplomática constante, principalmente por la ASEAN.
Segundo, los Estados vecinos y la comunidad internacional deben asumir que el respeto al DIH no es un asunto “interno” de dos países lejanos, sino una cuestión colectiva. La impunidad ante la norma en un rincón del mundo erosiona la validez de las normas en toda la comunidad internacional. Hoy son aldeas camboyanas; mañana podrían ser otras fronteras.
El DIH nació con una premisa sencilla y a la vez revolucionaria: incluso en la guerra hay reglas. Su vigencia depende de que los Estados lo apliquen con seriedad, sin excepciones selectivas. Preguntarse “¿para qué están las normas si no se cumplen?” es doloroso pero necesario. La respuesta debería ser que las normas existen para recordarnos que la humanidad no puede ser rehén de la lógica bélica.
Si Camboya y Tailandia, como firmantes de los Convenios de Ginebra y los tratados de La Haya, no cumplen lo pactado, corresponde a la comunidad internacional exigirlo. Porque lo contrario, “la indiferencia”, equivale a aceptar que la guerra no tiene límites, y ese es un costo que ningún Estado ni sociedad debería estar dispuesto a pagar.
*Universidad del Salvador
