El robo ocurrió el 19 de octubre, en pleno día, cuando un grupo de ladrones utilizó una plataforma elevadora para acceder al primer piso del Museo del Louvre en París, cortó una ventana y escapó sin resistencia, llevándose joyas valuadas en más de 100 millones de dólares. Según la reconstrucción oficial, la maniobra duró pocos minutos y no involucró violencia.
Días después, el medio Libération reveló que auditorías internas habían advertido durante años fallas críticas en los sistemas de seguridad informática del museo, lo que reabrió el debate sobre la protección del patrimonio cultural francés.
El medio mencionado accedió a informes de la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) que señalaban problemas repetidos: sistemas operativos obsoletos como Windows 2000 y XP, software que ya no podía actualizarse y contraseñas tan básicas que se convertían en un pasaje directo al sistema de videovigilancia. Una de las contraseñas —literalmente— llevaba el nombre del museo: LOUVRE.
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Las advertencias, sin embargo, no habían derivado en cambios sustanciales. Según los reportes internos, algunos de esos sistemas seguían activos incluso en 2025, pese a tratarse de equipos críticos.
En un primer momento, la ministra de Cultura, Rachida Dati, defendió la respuesta institucional y sostuvo que “los sistemas no fallaron”. Diez días después, y ya bajo presión parlamentaria, su discurso cambió: reconoció “deficiencias” y anunció medidas de emergencia para revisar la infraestructura tecnológica.
Si bien el contenido completo de los informes permanece reservado, la filtración abrió una pregunta central en la prensa francesa: si el giro del Ministerio de Cultura respondió a hallazgos de la investigación interna. En ese contexto, la cartera anunció auditorías exhaustivas y eventuales medidas disciplinarias para determinar responsabilidades por las fallas detectadas.
El robo al Louvre: un botín histórico
Los ladrones se llevaron ocho piezas de alto valor histórico: diademas, collares, pendientes y broches pertenecientes a figuras como la emperatriz María Luisa —esposa de Napoleón—, la reina Hortensia de Holanda y la emperatriz Eugenia. Una corona fue hallada luego con daños, presumiblemente abandonada por los ladrones durante la fuga.
La Fiscalía de París tasó las joyas robadas en 88 millones de euros, aunque otras estimaciones oficiales elevaron el valor a 102 millones de dólares. El episodio fue descrito como el robo más resonante desde la desaparición de la Mona Lisa en 1911.
El perfil de los sospechosos sorprendió aún más. La fiscal Laure Beccuau explicó que no se trata de delincuentes profesionales, sino de obreros del norte de París. La combinación entre improvisación y vulnerabilidades tecnológicas amplificó la polémica: el museo más visitado del mundo quedó expuesto a un ataque que no requirió sofisticación.
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Un desafío para el patrimonio cultural
Francia venía de sufrir otros robos en museos nacionales, y el episodio aceleró un plan de seguridad ya en marcha. El caso del Louvre reavivó un debate más amplio: la protección de bienes culturales en un contexto de criminalidad creciente, y la necesidad de adaptar instituciones históricas a estándares modernos de ciberseguridad.
El robo sigue bajo investigación. Hasta ahora, las autoridades no confirmaron que las fallas detectadas hayan sido determinantes para el asalto, pero el daño reputacional ya está hecho. En un museo símbolo de la cultura universal, donde conviven siglos de historia y miles de visitantes por día, una clave demasiado obvia terminó siendo el episodio más difícil de explicar.
GD/ML
