Los familiares de la directora del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, Alesia Abaigar, de la concejal de Quilmes, Eva Mieri, y de los otros tres militantes apresados en el marco de las investigaciones por el escrache con bosta en la vereda de la casa del diputado libertario José Luis Espert, denuncian que se trata de detenciones ilegales, sin sustento jurídico. “No se llevaron a una terrorista, se la llevaron por ser mujer y peronista”, afirmó la hermana de una de las detenidas.
A la detención de Abaigar, que se encuentra presa desde la semana pasada en el Complejo Penal Federal de Ezeiza, este miércoles se sumó la de Mieri (40), Iván Díaz (22), Aldana Sabrina Muzzio (45) y Candelaria Montes Cató (24). Estos últimos se encuentran incomunicados desde que se los llevó la Policía Federal de sus domicilios esta madrugada. La causa permanece bajo secreto de sumario, caratulada como «averiguación de delito”, informaron.
“Estamos en un país donde no rige el Estado de Derecho”, señaló el abogado Diego Molea al comenzar la conferencia junto con los familiares de los detenidos y cuestionó la utilización de la Justicia Penal Federal y la prisión preventiva en el caso. “¿De qué los acusa la Justicia? De tirar caca de perro y papel en la vereda del domicilio del diputado. Esa acusación debería tramitarse en el Juzgado de Faltas de San Isidro, que es el ámbito donde se tratan las contravenciones”, indicó.
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Los detenidos son Abaigar, quien es funcionaria bonaerense, licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UBA y maestranda en Políticas Sociales, además de profesora de yoga; la concejala de máxima confianza de la intendenta Mayra Mendoza, Mieri, que tiene fueros que impedirían su aprehensión; y los militantes kirchneristas Montes Cató, estudiante de sociología de la Universidad de San Martín, el joven Díaz Bianchi y Muzzio, trabajadora social de Villa Martelli.
La conferencia de prensa se llevó a cabo en el el salón del bloque de diputados de Unión por la Patria y participaron diputados del peronismo y la izquierda. También estuvieron presentes Juan Grabois, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.
Los testimonios de los familiares
En la conferencia, la madre de Abaigar, la psicóloga Eva Pietravallo denunció que “la violencia institucional, el sadismo y el maltrato son impresionantes”. La mujer fue detenida junto con su hija el 25 de junio por portar la cédula azul del auto de la funcionaria bonaerense y estuvo 72 horas presa sin saber el delito del que se la acusaba. Después de ser interrogada por la jueza Sandra Arroyo Salgado quien, según dijo, sólo describió los hechos pero no le informó qué se le imputaba, fue liberada. Sin embargo, su hija fue trasladada al penal de máxima seguridad. De acuerdo a Pietravallo, tienen detenida a su hija “aparentemente porque es militante peronista”.
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A raíz de que trascendió el estado de salud de Abaigar, quien padece de LAM, una enfermedad autoinmune rara por la que fue intervenida quirúrgicamente en febrero de este año y en 2024, en el día de hoy la peritaron. “Esta mañana la despertaron temprano, la sacaron violentamente de la habitación y la llevaron otra vez a Talcahuano. Me dijo que era un lugar siniestro donde la vieron peritos médicos. Tenían que esperar que llegaran sus médicos pero ellos la revisaron y asentaron que ella podía estar en prisión” explicó Pietravallo. A pesar del parte de los peritos, los médicos particulares de Abaigar consideraron que Abaigar podría desestabilizarse y ver comprometida su salud física además de psicológica en el penal.
Luego de los allanamientos y las detenciones, los familiares dieron cuenta de la repetición de un mismo modus operandi: el registro con fotografías y videos de las militantes con un fin que excedería la investigación del caso, la espectacularización.
“Fueron horas y horas en que nos revisaron todo hasta que se la llevaron detenida. No contentos con eso la filmaron, pero como no salió bien el video la volvieron a hacer entrar a mi casa para que les quede bonito el video”, señaló Cecilia Muzzio, hermana de Aldana Muzzio. La jueza Arroyo Salgado no sólo ordenó los allanamientos de la casa de las funcionarias o militantes, también los dispuso en la de sus familiares.
“Lo que está ocurriendo reviste una gravedad institucional alarmante. Se está utilizando al Poder Judicial para criminalizar la protesta política, encarcelando a militantes por un hecho que, incluso en caso de comprobarse, no justifica de ningún modo la privación de libertad ni el tratamiento brutal que están recibiendo”, detallaron en un comunicado los familiares. “Exigimos la inmediata liberación de las personas detenidas, el cese de la persecución judicial y una investigación seria, imparcial y respetuosa del Estado de Derecho”.
LM/ML
