Nuevo capítulo para la extensísima -en el tiempo- causa judicial que se conoce como Alonso de Martina, por la cual un grupo de magistrados, sobre la base de que no se respeta la intangibilidad de haberes, pidieron que en el Chaco se pague una media nacional de lo que reciben por el mismo trabajo los jueces federales.

Un Superior Tribunal ad hoc conformado por Juan Bogado, Sergio Cáceres Olivera y Adrián Farías emplazó al Estado provincial para que en 90 días se cumpla con el fallo que tiene una serie de idas y venidas, incluso una ley de la Legislatura que dispuso como paso intermedio establecer una media regional para luego sí avanzar en promediar con los nacionales.

Para quienes demandaron al gobierno, su situación general mejoró pero lejos está de cumplirse la sentencia que en su momento dictó la Corte Suprema, que fijó que los magistrados no podían ser juez y parte y fijarse los aumentos (por eso actuó el Parlamento), pero al mismo tiempo era válido el argumento de la discriminación salarial.

CUESTIONAMIENTOS Y APELACIONES

En la sentencia se indica que, a fines del año pasado, en la anterior gestión del Ejecutivo y en tiempos en los que la inflación tenía variaciones mensuales de al menos dos dígitos, se pactó efectuar revisiones trimestrales que la actual administración dejó sin efecto.

El instrumento equiparaba las retribuciones netas del cargo de juez de Cámara del Poder Judicial del Chaco con el promedio del cargo juez de segunda instancia de los poderes judiciales de todas las provincias del país. Y en caso de verificarse diferencia en favor de las remuneraciones netas de los magistrados de segunda instancia de los poderes judiciales federales, se procedería a recomponer y compensar las retribuciones de los jueces y funcionarios provinciales.

Hoy, en el ranquin de remuneraciones, magistrados chaqueños señalan que saltaron del puesto 22 contando todos los distritos provinciales al 17 y que el promedio justamente sería quedar en «mitad de habla»; es decir, deberían tener una suba que los lleve al puesto 11.

En paralelo citan que esta sentencia es contundente en fijar también el archivo de todas las actuaciones una vez que se cumpla con lo ordenado, descartando que existieran instancias apelatorias.

Por su parte, el gobierno provincial entiende que el reclamo antecede a la llegada de las actuales autoridades pero que no tiene en cuenta el contexto económico. Consideran que el Ejecutivo provincial realizó una mejora de haberes que estuvo por encima de lo otorgado a judiciales de la otra esfera que se toma como parámetro, al menos en porcentaje, que no está siendo valorada.

«A nivel federal los aumentos fueron 12% a febrero, 8% a marzo y 7% a abril cuando en la Provincia se otorgó el 18 %, 15 % y 13 %», repiten en los pasillos de Economía de Casa de Gobierno.

Nadie hoy puede asegurar que la Provincia se incline por la apelación primero porque se necesitará evaluar las posibilidades, como siempre hay una ley de emergencia económica que actúa como paraguas para argumentar cualquier erogación de esta naturaleza, de cifras considerables que ni siquiera estaban presupuestadas. Para quienes demandan, indican que el Estado (Gobierno y Legislatura) difícilmente puedan tener abiertas de vuelta las puertas de la Corte Suprema para un planteo de este tipo, ni siquiera presentándolo como un recurso de queja. Es que indican que el Máximo Tribunal ya intervino sobre esta cuestión y hay una regla básica de la Justicia, que es que no se expedirá dos veces sobre el mismo asunto, ergo no existe otra opción más que cumplir lo que se ordenó en el fuero provincial.