EXFUNCIONARIO DE CRISTINA KIRCHNER DEVUELVE 90 MILLONES DE PESOS AL ESTADO PARA EVITAR JUICIO ORAL.

Luciano Di Cesare, titular del PAMI durante las presidencias de Cristina Kirchner, devolvió al Estado nacional cerca de 90 millones de pesos para evitar un juicio oral. Esta conciliación responde a acusaciones de haber cobrado de manera irregular vacaciones no gozadas. El PAMI informó que utilizará ese dinero para proporcionar prestaciones sociales y médicas a jubilados, pensionados y discapacitados. Di Cesare asumió la dirección del organismo el 10 de diciembre de 2007 y dejó el cargo el mismo día en 2015, cuando finalizó el segundo mandato de Cristina Kirchner.

El 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia, Di Cesare solicitó el pago de sus vacaciones no gozadas de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, argumentando que por su trabajo no pudo tomarlas y que, por costumbre del organismo, le correspondía cobrarlas. María Arrouzet, entonces gerente de Recursos Humanos del PAMI, autorizó el pago y Carlos Galdo, subgerente de Administración de Recursos Humanos, gestionó la liquidación. Así, el 10 de diciembre, Di Cesare cobró 1.300.826,77 pesos por esas vacaciones. El 17 de diciembre, su sucesor, Carlos Regazzoni, lo denunció penalmente por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, argumentando que, según la ley de contrato de trabajo, las vacaciones no gozadas caducan a los seis meses y está prohibida su compensación en dinero.

El caso fue tomado por el juez federal Ariel Lijo, quien procesó a Di Cesare, Arrouzet y Galdo, y la fiscal federal Paloma Ochoa solicitó que fueran llevados a juicio oral. Di Cesare ya había enfrentado otro juicio a principios de 2018 por presunto fraude al PAMI, del cual fue absuelto. La causa llegó al Tribunal Oral Federal 7, que había fijado la fecha de inicio del juicio para el 15 de febrero pasado. Sin embargo, los acusados y el PAMI, bajo la gestión del gobierno de Javier Milei, negociaron un acuerdo.

Este acuerdo de conciliación estableció que los acusados pagarían al PAMI 88.131.531,86 pesos como reparación, cerrando así la causa penal y evitando el juicio oral. La mayor parte del dinero la aportó Di Cesare y una parte Arrouzet, pero el acuerdo incluía a los tres acusados. El PAMI consideró adecuada la solución y explicó que utilizaría el dinero para «brindar prestaciones sociales y médicas a una población muy vulnerable de la sociedad argentina». Con la presentación del acuerdo, se suspendió el inicio del juicio oral.

Sin embargo, la fiscal del Tribunal Oral, Fabiana León, se opuso, argumentando que ese tipo de acuerdos están prohibidos para funcionarios públicos y que este caso afectaba al Estado nacional. Señaló que los delitos de corrupción no se resuelven plenamente con la devolución del dinero. Su oposición fue rechazada por la mayoría del Tribunal Oral, que aceptó el acuerdo. Los jueces Fernando Canero y Enrique Méndez Signori consideraron que se trataba de un caso «de contenido claramente patrimonial». Por su parte, el juez Germán Castelli coincidió con la fiscalía, señalando la gravedad del hecho y la lesión a los bienes jurídicos involucrados.

Así, con el acuerdo de conciliación aprobado a fines de febrero, Di Cesare depositó los 88 millones de pesos que ingresaron al PAMI. Pero la causa no se cerró, y corre riesgo de que el acuerdo sea revertido. La fiscal León apeló la decisión del tribunal para que intervenga la Cámara Federal de Casación. Solicitó que se revoque el acuerdo y se realice el juicio oral. La Sala IV del tribunal convocó a las partes para escuchar sus opiniones, las cuales fueron presentadas por escrito. Por un lado, el fiscal de Casación Mario Villar apoyó la postura de su colega del tribunal oral. Por otro lado, la defensa de Di Cesare, representada por Hernán Canessa, la de Arrouzet, con el abogado Ernesto Martín, y la de Galdo, con la defensora oficial de Casación Daniela Villalón, pidieron que se confirme la conciliación y el pago del dinero.

A esto se sumó un nuevo punto de discusión. Hace 10 días, la defensa de Arrouzet solicitó la prescripción de la causa, argumentando que el delito investigado tiene una pena de seis años de prisión, que es el plazo máximo para la investigación. Solo las interrupciones de la prescripción, como la última citación a juicio oral del 28 de mayo pasado, suspenden ese plazo. «En consecuencia, a la fecha ha pasado el plazo aludido (6 años), operando de esta forma la prescripción de la acción penal, debiendo así declarársela», afirmó la defensa en su planteo ante el Tribunal Oral, del cual informó a Casación. Casación debe tomar una decisión en un contexto donde queda en duda un hecho poco común: que un funcionario devuelva dinero de la corrupción.