Este jueves por la mañana, el ministro de Economía, Planificación e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, ofreció una conferencia de prensa con el fin de «aclarar» y apuntar contra la oposición por los pases a planta de las últimas horas.

Según indicó, algunas de las «afirmaciones de la oposición sobre el proceso de regularización son mentiras».

«El proceso de regularización laboral no es un pase a planta; se trata de un proceso que comenzó el 6 de enero del 2023 con el primer decreto. Lo principal de esto es que beneficiará a personas que ya trabajan en el Estado, en escuelas, en centros de salud, en residencias, que reciben un pago por sus servicios, a través de becas o contratos. Ya trabajan en el Estado y mejoran su situación laboral», dijo.

Por otro lado, remarcó que «están excluidos del proceso, funcionarios y contratos de gabinete».

Luego, mencionó que «en marzo se firmó el Convenio Colectivo de Trabajo, reemplazando a una ley de la dictadura. Se llegó un acuerdo en marzo, antes de las elecciones, en cómo iba a continuar este proceso».

Asimismo, aclaró que este proceso «establece el cuidado de las cuentas del Estado», por lo cual solo se van a cubrir las vacantes que se den todos los años, «porque hay personas que se jubilan o personas que se van del Estado a trabajar en la parte privada, o aquellos que son sumariados y quedan excluidos por problemas en su desempeño», explicó.

Sin embargo, no brindo precisiones de cuántos son los cargos que quedarán vacantes en este 2023. Solo ejemplificó que si son 500, se cubrirán esos puestos. Además, dijo que «de acá hasta el año 2030 solo se cubren las vacantes, y se pueden incorporar la misma cantidad de personas que se han ido del Estado. A partir del 2024, será del 70%, es decir que, si se fueron 500 personas se incorporarán solo 350», puntualizó.

«Esto muestra que la cantidad de empleados públicos hacia adelante, será en menor cantidad», agregó.

Por otro lado, sostuvo que «no sabemos cuántas personas se han inscripto, pero no son 17 mil personas, como dijo la oposición. Y en caso de que lo fueran, no entrarán esas 17 mil personas, porque todas ellas no han rendido aún el examen y además hay una comisión evaluadora que verifica todos los datos y requisitos y excluye a quienes no cumplen con los mismos».

Con respecto al pase a planta de 258 empleados en Sameep, Pérez Pons se desligó del tema y señaló que «tienen una ley de personal distinta».

«Este proceso de regulación laboral es para las personas del escalafón general, es decir, administración pública y salud; quedan excluidos los docentes, policías y empresas provinciales como Sameep», determinó.

«Sameep tiene una ley de personal distinta, se rigen bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Se hizo una presentación judicial de trabajadores, se pidió una lista de quienes reclamaron y fueron los que se incorporaron. La presidente de Sameep contó cómo fue el proceso de estas últimas incorporaciones», mencionó sobre el polémico pase.

«Todo proceso tiene sus etapas: los que se inscribieron, no entrarán a dedo, sino que se evalúa la cantidad de años de antigüedad en el Estado y la formación; luego se llama al proceso de oposición y al examen. Esto todavía no se hizo, porque estamos en un proceso judicial. Estos listados se van a publicar y cada uno sabrá en qué orden de mérito se encuentra», concluyó